Misterioso asesinato de un soldado.

solBuga sábado 21 de diciembre -2013Con impacto de bala en el cuerpo fue hallado sin vida en un paraje solitario en cercanías a la vía férrea, en el corregimiento de Chambimbal la campaña un hombre que fu identificado como Samuel David Álvarez Balante de 23 años.
Según las versiones de se pudo establecer que la víctima era un soldado regular y que se encontraba de visita donde sus padres y hermanos que habitan en ese corregimiento.
El crimen se presentó el pasado miércoles 18 de diciembre 2103 después del mediodía, del cual nadie se enteró hasta entrada la tarde cuando el cuerpo del militar fue hallado por un transeúnte que lo reconoció y dio aviso a los familiares que no daban crédito a lo sucedido y quienes a su vez informaron a las autoridades que iniciaron las investigaciones el caso.

En buga entregan 38 soluciones de vivienda a soldados y policias que sufren discapacidad psicofísica.

En buga entregan 38 soluciones de vivienda a soldados y policias que sufren discapacidad psicofísica.
Buga martes 17 de diciembre 2013
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El Gobierno Nacional, y el Ministerio de Defensa, la caja promotora de Vivienda Militar y Policía CAPROVIMPO, en cabeza de su Gerente General, el General de la Reserva Activa Luis Felipe Paredes Cadena hicieron entrega de 38 soluciones de vivienda a beneficiarios del fondo de solidaridad, por mil quinientos setenta millones de pesos en el proyecto Montebello de la caja de comfandi en la ciudad de Buga.
Un total de 27 soldados del ejército Nacional que sufren discapacidad psicofísica, al igual que 11 beneficiarios de afiliados fallecidos recibieron las llaves y las escrituras de su vivienda en acto protocolario que se llevó acaba en horas de la mañana de este martes 17 de diciembre.

Con estas viviendas ya son 190 casa y 152 apartamentos entregados durante el año 2013 en Buga, con una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos.

Colegiala fallece por accidente de transito

giGinebra valle martes 17 de diciembre 2013
Las autoridades investigan las circunstancias y las causas de un accidente motociclistico en el cual una menor perdió la vida.
El domingo 15 de diciembre una joven de 17 años identificada como Leny Fernanda Prieto Ocampo fue invitada por un amigo a dar un paseo a la finca de su familia la cual se encuentra ubicada en la doble calzada entre los municipios de Ginebra y Guacari y a bordo de una motocicleta de marca Suzuki Best de placa ETA 93A partieron rumbo a su destino, pero pocos minutos después a las 2.40 de la tarde según el parte policial mientras se movilizaban aun en la carretera de ginebra sucedió lo inesperado, Johan pablo plaza escobar conductor de la moto al parecer se quedó dormido y se cayó del vehículo, mientras tanto la joven siguió sobre esta varios metros hasta caer al pavimento donde sufrió múltiples contusiones y un trauma craneoencefálico razón por la que fue auxiliada por dos personas que se movilizaban en otro vehículo en sentido y que dieron aviso a los socorristas del cuerpo de bomberos del municipio de ginebra siendo trasladados hasta el hospital local de esa ciudad desde donde la mujer fue remitida hacia el hospital son José de bug a donde permaneció con vida hasta ayer lunes cuando falleció a las 8.00 de la noche.
Según la información se presume que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol pues la noche anterior había estado departiendo en una reunión con varios amigos hasta horas de la mañana de ese domingo.
En otro versión de un allegado se dijo que plaza había trato de huir dos veces y que fue detenido por algunas personas que lo dejaron a disposición de las autoridades.
Fernanda que trabajaba en la semana también estudiaba y hacia poco había terminado séptimo grado el cual cursaba en la institución educativa la inmaculada concepción los días sábados y pasaba a cursar 8 y 9, según una de sus hermanas aunque a un le faltaba algún tiempo para su graduación ella ya hacia planes para su fiesta y tenía ya la lista de invitados para esa ocasión tan importante, además soñaba con estudiar administración de empresas,

Cojea pero llega

Detenido quince años después de Cometer un homicidioSAM_8349Tuluá
Un hombre, acusado del delito de homicidio y quien se encontraba huyendo de las autoridades, fue capturado por la policía en la vía que conduce al corregimiento de Tres Esquinas.

Según el mayor Gabriel Édison Huertas, comandante de la policía en Tuluá, este hombre había perpetrado un asesinato hace 15 años.

Se trata de Juan Manuel Rubio Montoya, de 39 años, quien era requerido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tuluá, que había emitido la orden de captura el 4 d octubre de 2001.

De acuerdo con el Mayor Huertas, este hombre fue detenido en un puesto de control en donde los uniformados verificaban antecedentes judiciales.
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“A este individuo le faltaban siete meses para que prescribiera la orden de captura que existía en su contra”, dijo el Comandante de la Policía en Tuluá.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Bugueño pierde la vida en accidente motociclistico.

palmiDos hombres que se movilizaban en una motocicleta de placas perdieron la vida al chocar contra un bus.paEl lamentable accidente donde falleció un joven Bugueño que fue identificado como Juan Felipe Tello Ortiz, de 18 años, se registró hacia las .6.50 de la mañana del día de ayer viernes 13 de diciembre en la Calle 29 con Carrera 31, en el centro del municipio de Palmira valle, cuando Felipe y el conductor de la moto de placas FDM 99C identificado como Ángel Hernando Gamboa Romero, de 26 años al parecer los motociclistas se pasaron el pare en el mismo momento que por el sitio se desplazaba una buseta afiliada a la empresa de servicio intermunicipal Panorama, de matrícula STP – 965 que cubría la ruta Cali – Palmira con la cual colisionaron aparatosamente hecho que propicio la muerte inmediata de Gamboa, mientras tanto Felipe fue conducido a la clínica Palmira con múltiples heridas donde falleció minutos después. ppalmiraapalmir

Sentencia del juzgado administrativo fallo a favor de la comunidad

HAROLD HERNAN MORENO CARDONAComo un regalo de navidad para las comunidades de los barrios Paloblanco, Valle Real y San Juanito el doctor Harold Hernán Moreno Cardona con sus buenos oficios logro atraves de una acción popular solucionar una problemática que tiene más de 35 años.

Fue así que El juzgado administrativo de Buga por sentencia 207 de la fecha amparo los derechos de los habitantes de paloblanco, valle real y san Juanito a un medio ambiente sano, ordenando una solución técnica adecuada para evitar la contaminación y los olores ofensivos para la comunidad en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Esto fue con la ayuda de Yamileth enciso y Fredy Alberto Barbosa (bpd). Héctor da…
REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SENTENCIA No. 207

PROCESO No. 2010 – 00052
DEMANDANTE: HAROLD HERNÁN MORENO Y OTROS
DEMANDADOS: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
C.V.C., SECRETARIA DE SALUD DE BUGA, U.E.S DEL VALLE DEL CAUCA.
ACCION: POPULAR

1473908_10152011248079718_663653462_n1458984_10152011248089718_234471239_nGuadalajara de Buga, veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013).

Los Señores HAROLD HERNÁN MORENO, FREDY ALBERTO BARBOSA BERMÚDEZ, SIXTA ELIZABETH GUZMÁN OSORIO, MARTHA LUCIA GÓMEZ ACOSTA, CARLA XIMENA GÓMEZ MURILLO, LUIS EDUARDO VELÁSQUEZ HURTADO, DORA ALBENIA MOLINA, FERNANDO MOLINA y MARÍA YAMILETH ERAZO, en ejercicio de la Acción Popular presentaron demanda contra el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC), la SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, y la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por considerar violados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, la preservación y restauración del medio ambiente, y demás intereses de la comunidad, y de los habitantes de los barrios Palo Blanco y Valle Real en el Municipio de Guadalajara de Buga, puesto que con el vertimiento de aguas negras a cielo abierto se están causando molestias y daños a la salubridad de la comunidad.

Los HECHOS se sintetizan en los siguientes

1.- En el Municipio de Buga los tubos de conducción de aguas residuales de las calles 9, 10 y 11, que inician su recolección en la carrera 1º hasta la carrera 20, desembocan en una acequia a cielo abierto que tiene como destino el río Cauca.

2.- En el predio denominado “Hacienda San Antonio”, ubicado en las calles 9 y 11 con carrera 19 y 24 del Municipio de Buga, las aguas son retenidas y utilizadas para el riego de cultivos.

3.- El sobrante de las aguas residuales bordea los barrios Palo Blanco y Valle Real e ingresa al predio denominado “Hacienda Tiacuante”, donde nuevamente es retenida y utilizada para el riego de cultivos de caña de azúcar.

4.- El paso de las aguas residuales a cielo abierto causa grave contaminación ambiental, y pone en peligro la salud de la comunidad. Dichos riesgos y amenazas se potencian cuando las Haciendas “San Antonio” y “Ticuate” las usan para regar cultivos.

5.- Las Entidades accionadas consienten los hechos, omitiendo su deber de vigilancia y control del medio ambiente,

De la lectura de la demanda se desprende que lo pretendido por el actor es lo siguiente:

1.- Que se declare responsables a las Entidades accionadas, por la omisión de sus deberes de proteger el medio ambiente.

2.- Que se ordene a los infractores efectuar las labores tendientes a la restauración y recuperación del medio ambiente, entubando las aguas residuales, y prohibiendo el riego de cultivos con estas aguas, ordenes que deberán ser atendidas en un término de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la Sentencia.

3- Que se condene a las Accionadas a resarcir a la comunidad aledaña los perjuicios causados realizando a título de compensación una obra de interés público o de sostenimiento del medio ambiente, más el incentivo.

4.- Que se conforme un comité de verificación de cumplimiento de la Sentencia, integrado por los demandantes, el Personero de Buga, y un delegado de la procuraduría Ambiental.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

1.- El MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las condenas de la demanda. Propuso como excepciones las que denominó cosa juzgada, improcedibilidad de la acción, y la innominada (Folios 35 a 100 C.P.)

2.- La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA – UES, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no es de su competencia lo concerniente a los problemas medioambientales del Municipio de Buga. (Folios 123 a 126 C.P.)

3.- La NACIÓN – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, por conducto de apoderado judicial, solicitó negar las súplicas de los Actores, condenarle en costas. Propuso como excepciones las que denominó inepta demanda por ausencia de responsabilidad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, falta de legitimación en la causa por pasiva. (Folios 123 a 126 C.P.)

4.- La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –
CVC, guardó silencio.

TRAMITE:

Mediante auto de Sustanciación No. 0234 del 05 de mayo de 2011, se citó a las partes a la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento referida en el artículo 27 de la Ley 472 DE 1998, para lo cual se señaló el 24 de junio de 2011 a las 10:00 a.m., pero se declaró fallida por ausencia de fórmula de pacto de cumplimiento (Folio 192 C.P.).

Mediante auto Interlocutorio No. 0858 del 22 de noviembre del 2011, se decretaron pruebas (Folios 307 a 309 C.P.).

Habiéndose cumplido con el trámite de ley, se procede a dictar sentencia, previa las siguientes,
CONSIDERACIONES

A folio 353 del cdno. ppal., descansa solicitud del Dr. Harold Hernán Moreno Cardona, quien funge como accionante en el presente proceso, donde señala que.
“…manifiesto que dada la situación procesal, mora en la decisión y el nuevo desarrollo municipal, me obligan a DESISTIR O renunciar a mi actuación en esta acción y que se siga con los otros actores.”

No obstante lo anterior, debe decir la Instancia que la solicitud deprecada será desestimada en atención a que la naturaleza de los derechos que convocan la acción popular, de raigambre colectiva al comprometer intereses generales, hace imposible su procedencia.

Justamente al tratarse de una acción pública, y no concernir al debate propio de los intereses particulares, el desistimiento no tiene cabida en el presente asunto.
Bien lo ha dicho el Alto Tribunal de lo Contencioso cuando sobre el particular dijo :

“…
Sin embargo, a juicio de la Sala, el desistimiento de la demanda no es procedente en las acciones populares, por cuanto se opone a la naturaleza y finalidad de éstas, ya que en las acciones populares se persigue la protección de los derechos e intereses de una colectividad.
Por consiguiente, si una persona tuvo la iniciativa de presentar una demanda en ejercicio de la acción popular, mal podría pensarse en la procedencia del desistimiento de la demanda si se atiende a la naturaleza de las pretensiones que se invocan en la misma, encaminadas a la protección de derechos colectivos que se encuentran en cabeza de una comunidad, a la que son vulnerados o amenazados como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.
En igual sentido, es claro que los derechos colectivos que se pretenden proteger en las acciones populares desbordan los intereses personales o subjetivos de quien presentó la demanda, máxime cuando ésta no actúa en nombre o representación de la comunidad, sino que, ante una situación que considera violatoria de tales derechos, se constituyó en defensor de las garantías de una colectividad, actitud que la misma Ley 472 de 1998 quiso reconocer mediante el incentivo económico previsto en el artículo 39.
En síntesis, considera la Sala que la figura del desistimiento no tiene cabida en las acciones populares, en atención a la naturaleza colectiva de los derechos para cuya protección fueron instituidas aquellas por el constituyente, dado que su contenido y finalidad no es de orden personal o particular, sino, precisamente de naturaleza colectiva, de allí que la titularidad de dichas acciones sea igualmente popular.”

En esas circunstancias, y acogiendo en un todo lo planteado por el Consejo de Estado, la solicitud de desistimiento del Dr. Harold Hernán Moreno Cardona, no es procedente.

Antes de estudiar el fondo del asunto el Despacho estudiará las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, y que denominó como cosa juzgada, improcedibilidad de la acción, y la innominada.

Al respecto, argumenta el Accionado que las pretensiones del Actor frente a la problemática de la no existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ya fueron atendidas mediante la Sentencia No. 22 del 26 de febrero de 2009, y confirmada parcialmente por el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que considera es cosa juzgada, frente a lo cual el Despacho considera que se tratan de pretensiones, que en principio, se pensaría versan sobre la misma situación, sin embargo el estudio de las providencias da cuenta que se tratan de situaciones, que aunque relacionadas, la correspondiente al presente proceso no fue abordada en toda su extensión. Afirmación que resulta simplemente de comparar la pretensión del caso que se adelantó dentro del proceso distinguido con la radicación 2005-1691, la cual versaba sobre la protección de unos humedales o ecosistemas del sector, y la consecuente construcción de una PTAR, mientras que el sub-lite estriba sobre un vertimiento cercano a la comunidad asentada en los barrios Palo Blanco y Valle Real.

De suerte, que en el presente caso la excepción de cosa juzgada no tiene vocación de prosperar. Igual tratamiento, recibirá la de improcedencia de la acción, luego que contrario a lo afirmado por el ente territorial, el camino procesal para cuestionar la violación de derechos colectivos como los denunciados con el libelo, es el propuesto. Y aunque en el fondo se erija como fundamento del libelo, la competencia normativa de los accionados, esto no es pábulo para que la exigencia se tramite a través de la acción de cumplimiento, cuando precisamente la supuesta inobservancia ha generado un quebrantamiento de derechos que rebasan el simple interés particular. Por lo tanto, como la vía procesal es la adecuada para debatir la situación denunciada con el libelo, la excepción propuesta no tiene vocación de prosperar.

Lo anterior sirve para desvincular de las resultas del proceso, tanto al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, como a la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA – UES, al evidenciarse que la vigilancia y protección del medio ambiente en la jurisdicción del MUNICIPIO de GUADALAJARA de BUGA, es de resorte de la Entidad Territorial Municipal y de la Autoridad Ambiental Regional C.V.C., de acuerdo a los dictados tanto de las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994.

Debe partirse que la situación anunciada con la demanda, pone de presente una problemática de orden ambiental y otra de acceso a servicios públicos, en especial los del alcantarillado, al leerse de la demanda que las redes de alcantarillado de las calles 9, 10 y 11 del Municipio de Buga, que inician su recolección en la carrera 1º hasta la carrera 20, desembocan en una acequia a cielo abierto que tiene como destino el río Cauca. Es decir, dos competencias diferentes, en materia de servicios públicos y manejo ambiental a la que están comprometidos los Municipios tal y como veremos a continuación:

La Ley 99 de 1993, en su Artículo 65, señala:

“Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.”

Quiere decir entonces que en materia ambiental, las autoridades municipales tienen dentro de su competencia funcional actuar en defensa del medio ambiente, es decir, que cuando esta se vea afectada, realice todas las actividades necesarias para darle solución definitiva.

Lo anterior, hace relación directa con el mandato constitucional de dirigir la acción administrativa del municipio conforme los artículos 314 y 315-3.

Asimismo en el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 reza:

“Funciones. Corresponde al municipio:

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley.”

Y en desarrollo de las normas anteriores, es claro que la competencia en materia de servicios públicos está deferida en los Entes Territoriales como puede advertirse en la Ley 142 de 1994 cuando dice en su artículo 5:
“Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.
…”

El plexo normativo reseñado, permite concluir que en situaciones como la denunciada con la demanda, en donde existe compromiso sobre el medio ambiente y la prestación eficiente del servicio de alcantarillado, la actividad de la Administración Municipal debe analizarse globalmente en vista de la competencia asignada normativamente. En ese entendido, a pesar que en el Municipio de Buga, existe una entidad frente a la cual se ha deferido la prestación de algunos servicios públicos como AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., el ente Territorial no pierde competencia para vigilar el cumplimiento, de una de sus finalidades como es la de asegurar la prestación eficiente de aquellos.

Las competencias en materia ambiental y de servicios públicos que están instituidas en cabeza de los Municipios, exigen una labor que va más allá de la ejecución de obras, su función está encaminada a orientar la materialización de tales emprendimientos como pueden ser las observaciones y llamados de atención a las entidades que cumplen especializadamente esas labores. La concreción de estos mandatos, debe ir de la mano de otros instrumentos con origen municipal como son el plan de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal, por lo que se precisa la armonización de tales competencias. De suerte, que no es admisible la exclusión de responsabilidad por la simple existencia de entidades especializadas, en el ramo comprometido con el libelo, la competencia normativa anotada exige el acompañamiento y vigilancia de los entes territoriales a través de sus alcaldes, precisamente por ser los ejecutores de la acción administrativa municipal la cual se ve influenciada en todos los ámbitos, en especial los relativos al medio ambiente y a la prestación de servicios públicos, que son los que interesan el presente proceso.

Por otro lado, debe quedar claro que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, como autoridad ambiental regional, es la Entidad encargada de ejercer las acciones policivas ambientales, con el fin de que evaluar, controlar y efectuar el seguimiento ambiental de los usos del agua, del suelo, del aire y de los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, entre otras funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.

En esa dirección no es viable enrostrarle responsabilidad al Ministerio del Medio Ambiente por los hechos denunciados en el libelo, cuando claramente la Ley 99 de 1993 establece que le corresponde: la formulación de la política pública del medio ambiente a nivel nacional (num. 1 art. 5) o regular el sector (num. 2 y 11 art. 5), tareas que indudablemente están alejadas de la operatividad que precisa supuestamente lo indicado por los actores.

Igual situación acontece con la Unidad de Saneamiento Básico del Valle , al tratarse claramente de un ente técnico, que ayuda al cumplimiento de las funciones que le corresponden a la Secretaria de Salud Departamental, en materia de saneamiento ambiental; ninguna de sus funciones atiende la implementación de soluciones en los términos indicados por los accionantes.

En conclusión, la competencia normativa propia tanto del Ministerio del Medio Ambiente como de la Unidad de Saneamiento Básico del Valle, hace de acuerdo a lo expuesto, que no resulten afectadas con las resultas del proceso, lo que impone declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva para cada uno de ellos.

Por lo visto, el Despacho se abstendrá de estudiar las excepciones propuestas por el MINISTERIO DE EL MEDIO AMBIENTE.

Dilucidado lo anterior, procede el Despacho a estudiar el fondo del proceso.

Las acciones populares fueron establecidas en el artículo 88 de la Constitución Nacional. Al efecto reza:

“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”

Ahora bien, en la forma y términos de la reglamentación contenida en los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley 472 de 1998, son características de las acciones populares, las siguientes:

– La finalidad es la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva.

– Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar ese tipo de derechos o intereses.

– Se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

– Los derechos e intereses colectivos susceptibles de esta acción son todos aquellos definidos como tales en la Constitución Nacional, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia, como por ejemplo los mencionados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

– La titularidad para su ejercicio, como lo está indicando su nombre, ha de corresponder a su naturaleza popular, por lo tanto puede ser ejercida por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, o también por las autoridades, organismos y entidades señalados en el artículo 12 de la Ley 472 de 1998.

Lo anterior supone que la finalidad de esta acción es, como ya se precisó, la protección de los derechos colectivos que estén amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares; entonces, su procedencia requiere que, de los hechos alegados en la demanda, pueda, al menos, deducirse una amenaza a los derechos colectivos, entendidos como intereses de representación difusa, en la medida en que su titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, incluso pueden ser todos los que integran una comunidad. Entonces, el juez de la acción popular tiene el deber de determinar si, los hechos alegados en la demanda dan lugar a la amenaza o a la vulneración de los derechos e intereses colectivos, como objeto de protección de esta acción; de allí la exigencia de que la acción se dirija contra el particular, la persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el interés colectivo, en tanto que “este requisito supone que tal acción u omisión sea probada por el actor, o que del expediente el juez pueda deducir de qué acción u omisión se trata, pues, de lo contrario, el juez de la acción popular no podrá ordenar nada en su sentencia, pues no conocerá la conducta respecto de la cual debe dar la orden en cuestión”.

Siendo ello así, la finalidad de la acción popular impone, de una parte, la carga para el actor popular de precisar y probar los hechos de los cuales se deriva la amenaza o vulneración de los derechos colectivos alegada en la demanda y, de otra, la obligación para el juez de verificar que, de los hechos planteados en ella, sea posible deducir dicha amenaza o vulneración.

Con la demanda se pone de presente que el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, violan los derechos colectivos de los habitantes de los barrios Palo Blanco y Valle Real al no realizar ningún emprendimiento encaminado a evitar el vertimiento a cielo abierto de aguas residuales.

Así las cosas, los Actores con la demanda señalan como fundamento de Derecho las siguientes normas:
 Constitución Política; artículo 88.
 Ley 472 de 1998; artículo 4  Ley 99 de 1993.
 Decreto 2303 de 1989; título IX.

El material probatorio allegado al expediente, es el siguiente:

 CD-R Smartbuy 700 MB, etiquetado con marcador negro “Fotos regadíos caña”. (Folio 05 C.P.)

 Fotografías impresas que aparecen en el CD-R, donde se señala con flechas y anotaciones cercanía de los alcantarillados a las viviendas, proliferación de gallinazos, y descarga de aguas residuales al aire libre. (Folios 06 a 09)

 Oficio dirigido al Secretario de Salud Municipal, suscrito por el Presidente y Secretario General de la Junta de Acción Comunal del barrio Palo Blanco, donde informan las afectaciones al medio ambiente que sufre la comunidad.

 Fotografías tituladas: pozo séptico, canalización de aguas negras, antigua sequia Palo Blanco y Represamiento y motobomba para riego.

 Queja dirigida al Gerente de la Hacienda Ticuante (sin firma, ni fecha de recibo), y respuesta en la que se informa que la petición será planteada a la junta de socios de la Hacienda.

 Queja dirigida a la CVC, sin firma, y recibido el 18 de julio de 2005 (Folio 18 C.P.), y respuesta Oficio No. 741-05-1185-2006 del 31 de julio de 2006, en la que se informa lo siguiente:

“…de acuerdo con lo establecido en el acuerdo municipal No. 068 de 200 por medio del cual se adoptó el Plan de ordenamiento Territorial para el Municipio de Buga, la zona en cuestión no se encuentra incluida dentro de la zona de expansión urbana y se considera según el documento como zona rural con fines agrícolas por lo cual se pueden establecer dicho tipo de cultivos en este sector. No obstante esta zona cuenta con restricciones en lo referente a la quema de caña y a la aplicación de herbicidas y madurantes de acuerdo a lo considerado en el Artículo 4, tabla No. 2 de la resolución No. 0532 del 26 de abril de 2005 emanada por el MAVDT. (…)” (Folio 19 C.P.)

 Copia simple Sentencia de Acción Popular No. 22 del 26 de febrero de 2009 del
Juzgado 2º Administrativo de Buga. (Folios 49 a 71 C.P.)
 Copia simple Sentencia de Acción Popular en Segunda Instancia del 29 de mayo de 2009 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. (Folios 72 a 96 C.P.)

 Copia simple Auto Interlocutorio No. 330 de mayo de 2010 del Juzgado 2º Administrativo de Buga. (Folios 97 a 106 C.P.)

 Memorando No. 0740-523-2010 del 11 de agosto de 2010, suscrito por la CVC.
(Folios 224 a 227 C.P.), en el que se expresa lo siguiente:

“(…)
2. Los tubos de conducción de aguas usadas o alcantarillado de las calles 9, 10 y 11 de Buga, que inician su recolección en la carrera 1 hasta la carrera 20 o vía férrea, una vez recogen las aguas servidas del cementerio central, morgue municipal y algunas factorías, desembocan a una acequia a cielo abierto buscando su desembocadura al río Cauca.
R/ El PSMV de Buga, además del diagnóstico de la red de alcantarillado del municipio debe incluir recursos económicos cronograma para ejecutar las obras necesarias para canalizar la totalidad de las aguas residuales que se generan en el municipio de Buga, entregándolas hasta el sitio donde se construya la PTAR. El estado de cumplimiento del PSMV, fue evidenciado en el punto anterior.

3. Una vez las tuberías desembocan en la acequia, en el predio denominado hacienda San Antonio, calles 9 y 11 entre carreras 19 y 24 de Buga. Estas agaus (sic) servidas son retenidas y utilizadas para el riego de cultivos. R/ la concesión de estas aguas esta (sic) considerada en el decreto 1541 de 1978 y cumple los criterios de calidad del artículo 40 del decreto 1594 de 1984.

4. El sobrante de aguas servidas, pasa la doble calzada Buga Tuluá y bordean (sic) el barrio paloblanco y valle real, para ingresar a la hacienda Tiacuante, donde nuevamente es retenida y utilizada para regar cultivos de caña de azúcar.
R/ Una cantidad del caudal de agua sobrante de la concesión 001043 de 2002 por medio de la cual se otorga para uso doméstico de la población bugueña, una cantidad de 550 l/seg para la empresa Aguas de Buga SA ESP, transportadas por la red de alcantarillado combinado administrado por la empresa precitada es tomada directamente del cauce del zanjón tiacuante y se emplea para el riego de cultivos de caña cumpliendo lo considerado en el decreto 1594 de 1984 articulo 40. La técnica del riego se hace por motobomba que eleva el agua residual sobrante del cauce denominado tiacuante hasta una red por aspersión para controlar los impactos por la dispersión de olores ofensivos fruto del aprovechamiento de este recurso hídrico.

Es pertinente mencionar que las factorías más grandes que entregan los vertimientos al alcantarillado de Buga, cuentan con sistema de tratamiento previo su entrega a la red y por esta razón los resultados de las campañas de muestreo de las aguas que discurren en el zanjón tiacuante, muestran que el agua precitada utilizada para el riego por gravedad posee características similares al agua residual doméstica, lo cual favorece su asimilación por el suelo donde se cultiva caña de azúcar.”

 Oficio No. SPM-400-05842 del 24 de abril de 2012, informe suscrito por la SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BUGA (Folios 320 y 321 C.P), en el que se indica lo siguiente:
“(…) La construcción de la PTAR es una prioridad por lo cual se hace necesario establecer cuál es la tecnología más apropiada para el Municipio de Buga, dado que este es un aspecto fundamental para lograr destrabar la compra del predio, lograr la aprobación del PSMV por parte de la CVC y el CINARA de UNIVALLE, desarrollaron un estudio que recomendó la tecnología basada en LAGUNAS EXTENSIVAS que implican una afectación importante del entorno siendo necesario realizar una evaluación de las características técnicas, económicas, financieras, ambientales, urbanísticas y tarifarias de una TECNOLOGÍA COMPACTA y de esa manera contar con suficientes elementos de juicio para tomar una decisión acorde que concilie el interés colectivo (tarifas justas, protección del medio ambiente) con los intereses particulares (afectación de la potencialidad de desarrollo urbanístico de los terrenos aledaños). …”.

 Diligencia de Audiencia de Inspección Judicial, practicada el 08 de marzo de 2012 (Folios 2 a 5 C. No. 2), que señala lo siguiente en algunos de sus apartes:

“…contiguo al predio “san Antonio” a la altura de la carrera 24 o doble calzada, con calle 11, se observa que a pesar de ser un canal a cielo abierto, al momento de la presente diligencia está seco, y según se informa por parte del funcionario de la C.V.C. que acompaña la diligencia, de conformidad con el acuerdo celebrado con la empresa aguas de Buga, esta canal se destina para el transporte de aguas lluvias. Así mismo, se deja constancia por el Despacho, que en este punto no se perciben malos olores, ni se aprecia estancamiento de aguas. Continuando con la diligencia, se recorre el curso del drenaje natural cuya trayectoria sirve límite entre el predio “San Antonio” y el barrio “Valle Real”, y en este punto, a la altura de la carrera 26 se observa que está completamente seco, y al lado de (sic) colinda con el predio “San Antonio”, cuenta con una cerca, y de allí hasta los cultivos de caña existe aproximadamente 200 mts., en este punto interviene el señor Hugo A. Orejuela, en el sentido de indicar que este se debe al requerimiento efectuado por parte de la autoridad ambiental CVC., con lo cual se da cumplimiento al requisito exigido, en cumplimiento de la obligación ambiental que recae sobre el propietario de dicho inmueble. Por el despacho se sigue con el recorrido a través del cauce de la acequia aguas abajo, hasta llegar a la intersección con las carreras 27 y 28, punto en el que se observa un pequeño estancamiento de aguas lluvias, en una dimensión de uno (sic) 2 mts., aproximadamente, el cual genera la proliferación de vectores, ya que hasta este punto del recorrido no se ha observado ninguna fuente de vertimiento de aguas servidas de algún sistema de alcantarillado.

(…)
Por el Despacho se deja constancia, que el vertimiento de aguas residuales que se presenta en este punto, se efectuá a cielo abierto, lo cual genera la producción de olores fuertes, y que el zanjón que recibe las aguas residuales tiene una trayectoria hacia el occidente, hasta desembocar a la ciénaga “El Conchal”, atravesando predios rurales, que se encuentran cultivados en caña, ubicados en la parte posterior del barrio “Villa Real”, después de sus últimas vías vehiculares carreras 31 y 32. Así mismo, se deja constancia que durante todo el recorrido de la acequia en forma paralela al barrio, entre las vías internas de este y el canal, existe una zona verde, que lo distancias (sic) de las casas de habitación en una distancia de 80 a 100 mts., aproximadamente.

(…)
Soy Ingeniero Ambiental y el encargado de manejar la zona del municipio de
Guadalajara de Buga, encuentro que aguas abajo del sitio mencionado, carrera 32 con calle 11, se encuentran unas motobombas extrayendo el agua de una obra hidráulica, o pozo de succión para su utilización en riego en el cultivo de caña de azúcar, este riego se realiza por ventanas vía politubulares, que no impactan, ni generan aerosoles, que si se originan en el riego por aspersión, disminuyendo considerablemente el impacto con olores ofensivos, estas aguas fueron concedidas por medio de la Resolución SGA No. 415 de 1999, “Por la cual se reglamenta en forma general el Río Guadalajara, cuyas aguas discurren en jurisdicción de los municipio (sic) de Buga y San Pedro, en el Departamento del Valle del Cauca”, la cual contiene unas obligaciones que limitan y establecen unos lineamientos que deben cumplir los concesionados, en este caso, los propietarios del predio “San Antonio”, la hacienda “Tiacuante” y demás propietarios, copia de la cual aporto en esta diligencia, la concesión de esta agua está considerada en el decreto 1541 de 1978, y cumple con los criterios de calidad del artículo 40 del decreto 1594 de 1984, según se puede extraer del concepto emitido a través de memorando No. 0740 – 523 – 2010, que obra en proceso en los folios 224 a 227. Seguidamente, se solicita el uso de la palabra por parte del Secretario de Salud Municipal de Buga Valle, y conferida que le fue, manifestó: Según verificación del sitio, no existe ningún riesgo para la comunidad, ya que en primer lugar se constató que no hay aguas servidas desde la carrera 24, hasta la 31, y que en la carrera 32, que es donde se origina el canal Tiacuante, está muy distante de la población del Valle Real, y de los habitantes de los demás barrios indicados como afectados por el actor popular, situación que en ningún momento pone en riesgo la salud pública, y se pudo constatar que frente a la problemática de olores ofensivos no era tan evidente , ni se presenta un impacto mayor, toda vez que a la hora de la práctica de la presente diligencia, y las condiciones climáticas que la acompañan, con una temperatura de 35°, no fueron percibidos olores producidos por el vertimiento de aguas residuales…”.

 Diligencia de Audiencia de Recepción de Testimonio que rindió el señor ÁNGEL MARÍA HENAO APACHE, Presidente de la JAC del Barrio “Palo Blanco”, practicada el 13 de marzo de 2012 (Folios 8, 9, 11 y 12 C. No. 2), que señala en sus apartes lo siguiente:

“…la problemática de la cual se me pregunta, la he conocido de toda la vida, puesto que viví allí y sufrí los rigores de dicha acequia, que fueron los desbordamientos, proliferación de zancudos, malos olores. Dicha problemática fue subsanada o arreglada, desconozco por qué entidad o quienes hicieron la labor, pero lo cierto es que desde hace un año y medio o dos años, la acequia, no pasa entre las carrera 24 y 30 del barrio Palo Blanco, que es prácticamente nuestro lindero, quedando en el momento el canal del curso que tenía la acequia, pero que en este momento lleva aguas lluvias, de hecho habiéndose acabado la problemática para el barrio, es decir, los malos olores y zancudos se acabaron en mucha parte del barrio, ahora dichas aguas si están siendo utilizadas para regar la caña, pero lo hacen por una vía de gravedad y no causa efectos secundarios para nuestro barrio, como si lo harpía (sic) anteriormente con aspersión, teniendo en cuenta que esta problemática para el barrio, que fue la acequia, prácticamente desapareció como una problemática para el barrio, por algún daño sanitario. (…)”.

 CD-R SONY 700MB, etiquetado con marcador rojo “Diligencia Judic
08/Maez/2012 Hernán Moreno contra Mpio de Buga y otros”. En el contenido del CD se pueden apreciar fotografías de la diligencia (Folio 06 C. No. 2)

 CD-R SONY 700MB, sin etiqueta. Es copia del CD etiquetado con marcador rojo
“Diligencia Judic 08/Marz/2012 Hernán Moreno contra Mpio de Buga y otros”. (Folio 07 C. No. 2)

 Oficio No. SSM-1000-07888 del 25 de mayo de 2012, informe suscrito por la SECRETARIA DE SALUD DE BUGA (Folios 13 a 17 C. No. 2), en el que se indica lo siguiente:
“(…)
QUINTO: hasta el momento no se han detectado casos debidamente registrados y comprobados sobre eventos que afecten la salud colectiva. Si bien es cierto que la contaminación ambiental es evidente y afecta los recursos naturales; no hay situaciones que hayan generado daño directo a la salud de los pobladores del sector. (…)”.

De acuerdo a lo transcrito, considera el Despacho que se advierte la vulneración de los derechos e intereses colectivos alegados por los accionantes, pues las negaciones alegadas por la Autoridad Ambiental y el Municipio de Buga, no son suficientes para desvirtuar el evidente daño ambiental.

Para efectos de probar la presunta vulneración de derechos colectivos, la Actora fundamenta su censura en el documentos fotográficos impresos, fotografías incluidas en el CD-R Smartbuy 700MB, etiquetado con marcador negro “Fotos regadíos caña” . Igualmente se aprecia una motobomba utilizada para servirse de las aguas, y el sistema de riego con tubería politubular, que consiste en un tubo de PVC con múltiples perforaciones extendido a lo largo del sembradío; con dichas fotografías se pretende probar la cercanía del foco infeccioso a los barrios Palo Blanco y Valle Real, y el uso de aguas residuales para el riego de cultivos de caña, frente a lo cual considera el Despacho que por sí solos no acreditan la vulneración de los derechos colectivos invocados, pues no se puede deducir a ciencia cierta que dichos registros correspondan en realidad a los lugares y hechos descritos en la demanda, ni tampoco el supuesto peligro que representa para los habitantes los barrios Palo Blanco y Valle Real. Si bien son un elemento probatorio del que se puede deducir, prima facie, los daños alegados con el libelo, no hay manera de estructurar de ellos una relación de causalidad entre la dilución de aguas residuales con aguas limpias, el uso de estas para el riego de cultivos de caña, y su afectación directa a la comunidad, no obstante, dicha afectación se acredita mediante los diferentes oficios dirigidos al Secretario de Salud Municipal , al Gerente de la Hacienda Ticuante, y a la CVC, donde informan las afectaciones al medio ambiente que sufre la comunidad, y sus posteriores respuestas por parte de los entes requeridos .

Quedó suficientemente acreditado en la Acción Popular, que las quejas y solicitudes de la comunidad fueron en vano, luego que tanto la Autoridad Ambiental CVC y el MUNICIPIO DE BUGA, se excusaron en sus respuestas, argumentando que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 068 de 200 por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Buga, la zona afectada no es zona de expansión urbana, que se trata de una zona rural, exclusiva para uso agrícola, y que además los ingenios tienen permiso para servirse de las mencionadas aguas para el riego de sus cultivos de caña .

Seguidamente, los Accionados CVC, y MUNICIPIO DE BUGA a efecto de acreditar lo contrario, anexaron a la contestación de la Acción Popular, copias simples de las sentencias dictadas dentro del proceso distinguido con el No. 20051691 , en donde se estaban protegiendo unos humedales del sector, ordenando la construcción de una PTAR, frente a lo cual el Despacho consideró al momento de resolver la excepción de cosa juzgada que correspondían a situaciones diferentes, que no había sido resuelta en el amparo colectivo primigenio.

Posterior a la contestación de la demanda, la CVC adjuntó copia del Memorando No. 0740-523-2010 del 11 de agosto de 2010 , en el que expresa que ante la ausencia de una Planta de Tratamiento de aguas servidas en el Municipio de Buga, ha realizado estudios con el fin de solucionar el problema medio ambiental de forma alternativa, y que dentro de las obligaciones del Municipio de Buga, están la de canalizar la totalidad de las aguas residuales para su tratamiento.

Más adelante agregó que sobre el uso agrícola de las aguas servidas diluidas en agua limpia, estas cumplen los criterios de calidad del artículo 40 del Decreto 1594 de 1984, y por lo tanto se hizo su concesión acorde al Decreto 1541 de 1978.

Por último argumenta en el memorando, que la técnica de riego utilizando estas aguas residuales se hace controlando los olores ofensivos, aunado a que las grandes factorías del municipio tratan previamente sus aguas residuales, de tal forma que esta quedan en similares condiciones que las aguas residuales domésticas.

Al respecto el Despacho entra a analizar la normatividad citada por la Accionada:

El Decreto 1541 de 1978, “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973”, señala en su artículo 36 que para el aprovechamiento de aguas, en este caso para el riego de cultivos de agua, se requiere concesión, dada por la autoridad ambiental:
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación;
d. uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generación geotérmica;
i. Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de madera;
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Agricultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.

Más adelante señala el artículo 208, que si las aguas a concesionar contienen vertimientos de aguas residuales se debe tener el permiso adicional para el uso de esas aguas contaminadas:
“Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 36 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas.”
No obstante, el artículo 211, entre otros, prohíbe los vertimientos contaminantes de las aguas, e indica que los vertimientos deberán ser tratados de tal forma que no afecten la salud, la ecología y la economía:
Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.

El artículo 212, reza que si los tratamientos de aguas residuales no son suficientes para mitigar el impacto contaminante, la Autoridad ambiental podrá negar o declarar la caducidad de la concesión de aguas:
Si a pesar de los tratamientos previstos o aplicados, el vertimiento ha de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo de agua para los usos o destinación previstos por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, este podrá denegar o declara la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de vertimiento.
Del análisis de los artículos enunciados, el Juzgado advierte, que la autoridad ambiental, en este caso la CVC, tomó una actitud pasiva frente a su obligación de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas ambientales.

Es obvio que el alcantarillado del MUNICIPIO DE BUGA, está desprovisto de una planta de tratamiento para recibir las aguas residuales domésticas e industriales, además está comprobado que el destino final del alcantarillado es diluir las aguas residuales con las una acequia a cielo abierto, que transporta sus aguas al río Cauca y sirve a los ingenios de la región para el riego de los cultivos.

Es insólito desde cualquier punto de vista, que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, permita no solo el vertimiento de aguas residuales, sino el uso y aprovechamiento de las mismas.

Ahora bien la CVC argumenta que los criterios de calidad de estas aguas son admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola, según el artículo 40 del Decreto 1594 de 1984, afirmación que por sí sola no tiene peso, requería de un estudio, dado el peligro ambiental que representa el uso de aguas residuales a cielo abierto y sin ningún tratamiento.

Según la ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, el tratamiento inadecuado de las aguas residuales puede traer mayores costos (salud, medio ambiente) que los beneficios potenciales, y en ese orden de ideas, el uso seguro en la agricultura requiere un tratamiento y una gestión adecuados .

Así mismo un estudio realizado por la FAO, describe los efectos nocivos del uso de aguas diluidas con contaminantes:

“(…)
Los contaminantes de procedencia no localizada, cualquiera que sea la fuente, se desplazan por la superficie terrestre o penetran en el suelo, arrastrados por el agua de lluvia y la nieve derretida. Estos contaminantes consiguen abrirse paso hasta las aguas subterráneas, tierras húmedas, ríos y lagos y, finalmente, hasta los océanos en forma de sedimentos y cargas químicas transportadas por los ríos. Como se examina más adelante, la repercusión ecológica de estos contaminantes puede ir desde pequeños trastornos hasta graves catástrofes ecológicas, con repercusiones en los peces, las aves y mamíferos y sobre la salud humana…” .

No resulta lógico para el Despacho que aguas de aspecto turbio, con una población cuantiosa de gallinazos , que evidencian la descomposición de materia orgánica y sintética, sea apta para el uso agrícola a cielo abierto.

Situación que se corrobora una vez más en los informes suscritos por el MUNICIPIO DE BUGA, mediante los Oficios No. SPM-400-05842 del 24 de abril de 2012 , y No. SSM-1000-07888 del 25 de mayo de 2012 , en los que se informa que no se ha tomado una decisión al respecto, al no probarse la afectación de la salud colectiva pese a la evidente contaminación ambiental.

En esa dirección, el proceder de la autoridad ambiental y del Municipio de Buga, es reprochable al aceptar la contaminación ambiental, pero no realiza ningún tipo de acciones que remedien las constantes quejas de los habitantes de los barrios Palo Blanco y Valle Real, por la existencia de olores ofensivos y posible proliferación de vectores que afectan la salud.

Respecto la declaración de testimonio rendida por el señor ÁNGEL MARÍA
HENAO APACHE, Presidente de la JAC del Barrio “Palo Blanco”, practicada el 13 de marzo de 2012, y en la que señaló, de forma contradictoria que no existía ningún olor ofensivo, ni proliferación de vectores , considera el Despacho, no tenerla en cuenta dadas la evidencias de la afectación ambiental y a la comunidad.

Y es que de la inspección judicial practicada por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, el 08 de marzo de 2012 , el Despacho tiene las siguientes conclusiones:

 Entre las carrera 27 y 28 del Municipio de Buga hay un estancamiento de aguas lluvias el cual genera proliferación de vectores.
 A la altura de la carrera 31 con calle 11, donde se inicia el zanjón “Tiacuante”, colindando con los barrios afectados, se produce vertimiento de aguas servidas de los barrios aledaños del Municipio de Buga, realizándose a cielo abierto, lo que genera olores ofensivos para la comunidad, dichos vertimientos tienen su destino en la ciénaga “El Conchal”.

 A la altura de la carrera 32 con calle 11, se encuentran unas motobombas extrayendo las aguas lluvias mezcladas con aguas residuales para su utilización en el riego de cultivo de caña de azúcar, riego realizado por ventanas politubulares, lo que produce olores ofensivos, en menor grado que el riego por aspersión.

Entonces concluye el finalmente Despacho, que no sólo se producen olores ofensivos a la comunidad, sino también, se está afectando la ciénaga “El Conchal”, cuerpo de agua que se debe proteger dada su gran importancia ecológica.

“(…)
El Conchal es el segundo humedal en importancia del Valle del Cauca (después de la Laguna de Sonso), cuyo principal interés biológico reside en contener la segunda población de buitre de ciénaga en el occidente colombiano.

Las causas de la pérdida de cobertura de El Conchal son diversas y varían desde el desconocimiento de la importancia ecológica del humedal hasta la inadecuada planificación de las obras civiles para el control de inundaciones. (…)” . (subraya del Despacho)

Esta situación muestra que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, no ha realizado un seguimiento técnico a esta situación, ni ha compelido al Municipio de Buga para que realice las obras que precisa la situación denunciada.

Igualmente se debe llamar la atención de la autoridad ambiental para que vigile y controle las posibles captaciones de agua contaminada para la utilización en el riego, dado el peligro que puede presentar, no solo para la salud humana, sino también porque se contamina el ecosistema.

Es de advertir, que la responsabilidad también recaerá en el MUNICIPIO DE BUGA, debido a la obligación que tiene como prestador del servicio público de acueducto y alcantarillado, y su obligación de defender el medio ambiente.

Razones más que suficientes, para que esta Instancia proteja los derechos colectivos invocados como quebrantados por los Actores, y en consecuencia se ordene a la Autoridad Ambiental, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO
SUR , a realizar todas la acciones administrativas correspondientes de vigilancia, prevención y control con el fin de que el MUNICIPIO DE BUGA restablezca el medio ambiente, realizando las obras civiles correspondientes para suspender los vertimientos de aguas negras a cielo abierto, así como el tratamiento de estas aguas, y suspender las concesiones de aguas contaminadas para su uso agrícola.

Para el cumplimiento de esta orden judicial, se conformará un comité de verificación, integrado por los Actores Populares, la Procuraduría Ambiental, la Personería de Buga, el Municipio de Buga, Representantes de la C.V.C, y la Junta de Acción Comunal de los barrios Palo Alto y Villa Real.

Informes que deberán ser rendidos trimestralmente a este Despacho.

Incentivo.

Frente al incentivo debe decir la Instancia lo siguiente:

El artículo 34 de la Ley 472 de 1998, expresa que en el evento en que se acojan las pretensiones de la demanda, el Juez Popular, una vez ordene el amparo de los derechos colectivos y las acciones tendientes a restablecerlos, debía pronunciarse sobre el incentivo; para ello debía acudir según el derecho colectivo a lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 que rezaba:

“…
El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.
Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos.
…”
“…
En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo
a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.
Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.
Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos.

Sin embargo, la Ley 1425 de 2010 derogó expresamente esta normatividad. Ante este hecho, es indudable que al momento de proferirse la presente providencia la norma que contemplaba dicho estímulo no existe en el ordenamiento jurídico colombiano y no habría lugar a su reconocimiento.

La interpretación de esta norma había originado dentro de la Jurisdicción Contenciosa posiciones antagónicas. De un lado la Sección Primera del Consejo de Estado consideraba que la norma es aplicable solamente a aquellos juicios populares que tengan ocurrencia después de la entrada en vigencia de la Ley que derogó los incentivos, y la Sección Tercera estima inadmisible la intemporalidad de la Ley, concediéndole un efecto inmediato tanto para los Juicios anteriores y como posteriores.

Si bien el Juzgado acogía la tesis de la Sección Tercera al apreciar que la norma que consagraba los incentivos en las acciones populares, es de carácter sustantiva, pues con ella se está definiendo un derecho subjetivo y no reglando el curso procesal, por lo que al tratarse de una norma que precisa de vigencia para su aplicabilidad al momento de dictarse la sentencia se hace imposible acceder a dicho pedimento.

Se concluía que sería admitir que el reconocimiento del incentivo es un derecho adquirido, cuando inexorablemente es una mera expectativa, categoría que desde la Ley 153 de 1887 establece con claridad que no genera derechos; en otras palabras, sería como privilegiar el incentivo sobre el amparo de los derechos colectivos, que es en últimas la finalidad de esta vía procesal, circunstancia que no es de recibo para este Juzgador al advertirse meridianamente que el estímulo derogado es accesorio a la protección que se irradia con este mecanismo.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia18 del 3 de septiembre de ésta anualidad con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo, zanjó esta discusión acogiendo la tesis expuesta por la Sección Tercera de esa Corporación, bajo los siguientes argumentos:

“…
Por manera que el aludido estímulo económico de ninguna forma podía catalogarse como un derecho adquirido durante el curso del proceso, sino como una mera expectativa, habida consideración de la incertidumbre que frente a tal estímulo debía esclarecer el juez de la causa y, dicho sea de paso, siempre que las pretensiones de la demanda resultaren estimadas en la correspondiente sentencia definitiva.
El Consejo de Estado precisa que la posibilidad a la cual se ha hecho mención acerca de que en la audiencia de pacto de cumplimiento se pudiere, eventualmente, reconocer el incentivo, se ha efectuado exclusivamente con el propósito de ilustrar que tal prestación económica no constituye un derecho adquirido, pues para ello se requería del agotamiento de algunas etapas procesales y del consiguiente análisis del juez constitucional de cara a su procedencia y no porque dentro de dicha audiencia debiere accederse al incentivo, pues precisamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado19 deberá unificar la jurisprudencia de la Corporación en relación con ese aspecto en futura oportunidad.

El acceso al incentivo económico dentro de aquellos procesos iniciados en ejercicio de la acción popular antes de la expedición de la Ley 1425 resulta improcedente, habida cuenta de la inexistencia de los preceptos que, con ocasión de la expedición de dicha ley, preveían el reconocimiento de tal estímulo.”
Acogiendo en su integridad el pronunciamiento del Alto Tribunal de lo Contencioso, el Juzgado encuentra razones suficientes para despachar negativamente el reconocimiento deprecado.

Frente a la pretensión según la cual se solicita a las Accionadas a “…resarcir a la comunidad aledaña los perjuicios causados realizando a título de compensación una obra de intereses público o de sostenimiento del medio ambiente,…”, debe decir que se desestimará luego que guarda relación directa con el emprendimiento técnico que se está ordenando en párrafos anteriores, como consecuencia de la probada vulneración de los derechos colectivos.

18
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJERO PONENTE: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D.C., septiembre tres (03) de dos mil trece (2013). Proceso: (AP) 170013331001200901566 01 Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de Chinchiná 19
Auto de 15 de junio de 2010, expediente No. 05001-33-31-029-2008-00327-01 (AP) – REV; M.P. Ruth Stella Correa Palacio, dentro del cual se concluyó:“(…) se impone la selección de la providencia proferida el 2 diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unifique los criterios jurisprudenciales sobre el tema y se establezca por esta vía, una única interpretación que oriente la aplicación del artículo 39 de Ley 472 de 1998, en relación con el otorgamiento del incentivo a favor del actor popular en los casos en los cuales el proceso termina con sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento”.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NO ACEPTAR la solicitud de desistimiento de la demanda formulado por el Dr.
Harold Hernán Moreno Cardona.

2. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la Unidad de Saneamiento Básico del Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE BUGA.

4. AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio económico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, goce del espacio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública de los habitantes de los barrios Palo Alto y Villareal, jurisdicción del Municipio de Buga.

5. ORDENAR al Señor Alcalde del Municipio de Buga para que en un plazo que no exceda de 6 de meses, realice la solución técnica adecuada que de conformidad con esta providencia se adelante para zanjar la problemática de los habitantes de los barrios Palo Alto y Villareal, en jurisdicción del Municipio de Buga.

6. ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA (CVC), para que en cumplimiento de sus funciones evalúe y controle el proyecto o solución técnica que de conformidad con esta providencia se adelante para zanjar la problemática de la de los habitantes de los barrios Palo Alto y Villareal, en jurisdicción del Municipio de Buga.

7. CONFORMAR para efectos de verificación del cumplimiento de esta sentencia, un Comité integrado por los Actores Populares, la Procuraduría Ambiental, el señor Personero Municipal de Buga, el Alcalde Municipal de Buga, Representantes de la CVC, y Representantes de la Junta de Acción Comunal de los barrios Palo Alto y Villa Real, a quienes se les librarán las respectivas comunicaciones para que rindan informes cada mes a este Despacho sobre el cumplimiento del fallo.

8. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

9. REMÍTASE, una vez ejecutoriado este fallo, copia del mismo a la Oficina de Registro de Acciones populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo, en acatamiento a lo preceptuado por el Artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ROGERS ARIAS TRUJILLO
Juez

Sentencia del juzgado administrativo fallo a favor de la comunidad

HAROLD HERNAN MORENO CARDONAComo un regalo de navidad para las comunidades de los barrios Paloblanco, Valle Real y San Juanito el doctor Harold Hernán Moreno Cardona con sus buenos oficios logro atraves de una acción popular solucionar una problemática que tiene más de 35 años.1473908_10152011248079718_663653462_n1458984_10152011248089718_234471239_nFue así que El juzgado administrativo de Buga por sentencia 207 de la fecha amparo los derechos de los habitantes de paloblanco, valle real y san Juanito a un medio ambiente sano, ordenando una solución técnicaadecuada para evitar la contaminación y los olores ofensivos para la comunidad en un plazo no mayor a seis (6) meses.
Esto fue con la ayuda de Yamileth enciso y Fredy Alberto Barbosa (bpd). Héctor da…
REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SENTENCIA No. 207

PROCESO No. 2010 – 00052
DEMANDANTE: HAROLD HERNÁN MORENO Y OTROS
DEMANDADOS: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
C.V.C., SECRETARIA DE SALUD DE BUGA, U.E.S DEL VALLE DEL CAUCA.
ACCION: POPULAR

Guadalajara de Buga, veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013).

Los Señores HAROLD HERNÁN MORENO, FREDY ALBERTO BARBOSA BERMÚDEZ, SIXTA ELIZABETH GUZMÁN OSORIO, MARTHA LUCIA GÓMEZ ACOSTA, CARLA XIMENA GÓMEZ MURILLO, LUIS EDUARDO VELÁSQUEZ HURTADO, DORA ALBENIA MOLINA, FERNANDO MOLINA y MARÍA YAMILETH ERAZO, en ejercicio de la Acción Popular presentaron demanda contra el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC), la SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, y la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por considerar violados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, la preservación y restauración del medio ambiente, y demás intereses de la comunidad, y de los habitantes de los barrios Palo Blanco y Valle Real en el Municipio de Guadalajara de Buga, puesto que con el vertimiento de aguas negras a cielo abierto se están causando molestias y daños a la salubridad de la comunidad.

Los HECHOS se sintetizan en los siguientes

1.- En el Municipio de Buga los tubos de conducción de aguas residuales de las calles 9, 10 y 11, que inician su recolección en la carrera 1º hasta la carrera 20, desembocan en una acequia a cielo abierto que tiene como destino el río Cauca.

2.- En el predio denominado “Hacienda San Antonio”, ubicado en las calles 9 y 11 con carrera 19 y 24 del Municipio de Buga, las aguas son retenidas y utilizadas para el riego de cultivos.

3.- El sobrante de las aguas residuales bordea los barrios Palo Blanco y Valle Real e ingresa al predio denominado “Hacienda Tiacuante”, donde nuevamente es retenida y utilizada para el riego de cultivos de caña de azúcar.

4.- El paso de las aguas residuales a cielo abierto causa grave contaminación ambiental, y pone en peligro la salud de la comunidad. Dichos riesgos y amenazas se potencian cuando las Haciendas “San Antonio” y “Ticuate” las usan para regar cultivos.

5.- Las Entidades accionadas consienten los hechos, omitiendo su deber de vigilancia y control del medio ambiente,

De la lectura de la demanda se desprende que lo pretendido por el actor es lo siguiente:

1.- Que se declare responsables a las Entidades accionadas, por la omisión de sus deberes de proteger el medio ambiente.

2.- Que se ordene a los infractores efectuar las labores tendientes a la restauración y recuperación del medio ambiente, entubando las aguas residuales, y prohibiendo el riego de cultivos con estas aguas, ordenes que deberán ser atendidas en un término de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la Sentencia.

3- Que se condene a las Accionadas a resarcir a la comunidad aledaña los perjuicios causados realizando a título de compensación una obra de interés público o de sostenimiento del medio ambiente, más el incentivo.

4.- Que se conforme un comité de verificación de cumplimiento de la Sentencia, integrado por los demandantes, el Personero de Buga, y un delegado de la procuraduría Ambiental.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

1.- El MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las condenas de la demanda. Propuso como excepciones las que denominó cosa juzgada, improcedibilidad de la acción, y la innominada (Folios 35 a 100 C.P.)

2.- La UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA – UES, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no es de su competencia lo concerniente a los problemas medioambientales del Municipio de Buga. (Folios 123 a 126 C.P.)

3.- La NACIÓN – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, por conducto de apoderado judicial, solicitó negar las súplicas de los Actores, condenarle en costas. Propuso como excepciones las que denominó inepta demanda por ausencia de responsabilidad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, falta de legitimación en la causa por pasiva. (Folios 123 a 126 C.P.)

4.- La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –
CVC, guardó silencio.

TRAMITE:

Mediante auto de Sustanciación No. 0234 del 05 de mayo de 2011, se citó a las partes a la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento referida en el artículo 27 de la Ley 472 DE 1998, para lo cual se señaló el 24 de junio de 2011 a las 10:00 a.m., pero se declaró fallida por ausencia de fórmula de pacto de cumplimiento (Folio 192 C.P.).

Mediante auto Interlocutorio No. 0858 del 22 de noviembre del 2011, se decretaron pruebas (Folios 307 a 309 C.P.).

Habiéndose cumplido con el trámite de ley, se procede a dictar sentencia, previa las siguientes,
CONSIDERACIONES

A folio 353 del cdno. ppal., descansa solicitud del Dr. Harold Hernán Moreno Cardona, quien funge como accionante en el presente proceso, donde señala que.
“…manifiesto que dada la situación procesal, mora en la decisión y el nuevo desarrollo municipal, me obligan a DESISTIR O renunciar a mi actuación en esta acción y que se siga con los otros actores.”

No obstante lo anterior, debe decir la Instancia que la solicitud deprecada será desestimada en atención a que la naturaleza de los derechos que convocan la acción popular, de raigambre colectiva al comprometer intereses generales, hace imposible su procedencia.

Justamente al tratarse de una acción pública, y no concernir al debate propio de los intereses particulares, el desistimiento no tiene cabida en el presente asunto.
Bien lo ha dicho el Alto Tribunal de lo Contencioso cuando sobre el particular dijo :

“…
Sin embargo, a juicio de la Sala, el desistimiento de la demanda no es procedente en las acciones populares, por cuanto se opone a la naturaleza y finalidad de éstas, ya que en las acciones populares se persigue la protección de los derechos e intereses de una colectividad.
Por consiguiente, si una persona tuvo la iniciativa de presentar una demanda en ejercicio de la acción popular, mal podría pensarse en la procedencia del desistimiento de la demanda si se atiende a la naturaleza de las pretensiones que se invocan en la misma, encaminadas a la protección de derechos colectivos que se encuentran en cabeza de una comunidad, a la que son vulnerados o amenazados como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.
En igual sentido, es claro que los derechos colectivos que se pretenden proteger en las acciones populares desbordan los intereses personales o subjetivos de quien presentó la demanda, máxime cuando ésta no actúa en nombre o representación de la comunidad, sino que, ante una situación que considera violatoria de tales derechos, se constituyó en defensor de las garantías de una colectividad, actitud que la misma Ley 472 de 1998 quiso reconocer mediante el incentivo económico previsto en el artículo 39.
En síntesis, considera la Sala que la figura del desistimiento no tiene cabida en las acciones populares, en atención a la naturaleza colectiva de los derechos para cuya protección fueron instituidas aquellas por el constituyente, dado que su contenido y finalidad no es de orden personal o particular, sino, precisamente de naturaleza colectiva, de allí que la titularidad de dichas acciones sea igualmente popular.”

En esas circunstancias, y acogiendo en un todo lo planteado por el Consejo de Estado, la solicitud de desistimiento del Dr. Harold Hernán Moreno Cardona, no es procedente.

Antes de estudiar el fondo del asunto el Despacho estudiará las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, y que denominó como cosa juzgada, improcedibilidad de la acción, y la innominada.

Al respecto, argumenta el Accionado que las pretensiones del Actor frente a la problemática de la no existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ya fueron atendidas mediante la Sentencia No. 22 del 26 de febrero de 2009, y confirmada parcialmente por el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que considera es cosa juzgada, frente a lo cual el Despacho considera que se tratan de pretensiones, que en principio, se pensaría versan sobre la misma situación, sin embargo el estudio de las providencias da cuenta que se tratan de situaciones, que aunque relacionadas, la correspondiente al presente proceso no fue abordada en toda su extensión. Afirmación que resulta simplemente de comparar la pretensión del caso que se adelantó dentro del proceso distinguido con la radicación 2005-1691, la cual versaba sobre la protección de unos humedales o ecosistemas del sector, y la consecuente construcción de una PTAR, mientras que el sub-lite estriba sobre un vertimiento cercano a la comunidad asentada en los barrios Palo Blanco y Valle Real.

De suerte, que en el presente caso la excepción de cosa juzgada no tiene vocación de prosperar. Igual tratamiento, recibirá la de improcedencia de la acción, luego que contrario a lo afirmado por el ente territorial, el camino procesal para cuestionar la violación de derechos colectivos como los denunciados con el libelo, es el propuesto. Y aunque en el fondo se erija como fundamento del libelo, la competencia normativa de los accionados, esto no es pábulo para que la exigencia se tramite a través de la acción de cumplimiento, cuando precisamente la supuesta inobservancia ha generado un quebrantamiento de derechos que rebasan el simple interés particular. Por lo tanto, como la vía procesal es la adecuada para debatir la situación denunciada con el libelo, la excepción propuesta no tiene vocación de prosperar.

Lo anterior sirve para desvincular de las resultas del proceso, tanto al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, como a la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA – UES, al evidenciarse que la vigilancia y protección del medio ambiente en la jurisdicción del MUNICIPIO de GUADALAJARA de BUGA, es de resorte de la Entidad Territorial Municipal y de la Autoridad Ambiental Regional C.V.C., de acuerdo a los dictados tanto de las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994.

Debe partirse que la situación anunciada con la demanda, pone de presente una problemática de orden ambiental y otra de acceso a servicios públicos, en especial los del alcantarillado, al leerse de la demanda que las redes de alcantarillado de las calles 9, 10 y 11 del Municipio de Buga, que inician su recolección en la carrera 1º hasta la carrera 20, desembocan en una acequia a cielo abierto que tiene como destino el río Cauca. Es decir, dos competencias diferentes, en materia de servicios públicos y manejo ambiental a la que están comprometidos los Municipios tal y como veremos a continuación:

La Ley 99 de 1993, en su Artículo 65, señala:

“Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.”

Quiere decir entonces que en materia ambiental, las autoridades municipales tienen dentro de su competencia funcional actuar en defensa del medio ambiente, es decir, que cuando esta se vea afectada, realice todas las actividades necesarias para darle solución definitiva.

Lo anterior, hace relación directa con el mandato constitucional de dirigir la acción administrativa del municipio conforme los artículos 314 y 315-3.

Asimismo en el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 reza:

“Funciones. Corresponde al municipio:

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley.”

Y en desarrollo de las normas anteriores, es claro que la competencia en materia de servicios públicos está deferida en los Entes Territoriales como puede advertirse en la Ley 142 de 1994 cuando dice en su artículo 5:
“Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.
…”

El plexo normativo reseñado, permite concluir que en situaciones como la denunciada con la demanda, en donde existe compromiso sobre el medio ambiente y la prestación eficiente del servicio de alcantarillado, la actividad de la Administración Municipal debe analizarse globalmente en vista de la competencia asignada normativamente. En ese entendido, a pesar que en el Municipio de Buga, existe una entidad frente a la cual se ha deferido la prestación de algunos servicios públicos como AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., el ente Territorial no pierde competencia para vigilar el cumplimiento, de una de sus finalidades como es la de asegurar la prestación eficiente de aquellos.

Las competencias en materia ambiental y de servicios públicos que están instituidas en cabeza de los Municipios, exigen una labor que va más allá de la ejecución de obras, su función está encaminada a orientar la materialización de tales emprendimientos como pueden ser las observaciones y llamados de atención a las entidades que cumplen especializadamente esas labores. La concreción de estos mandatos, debe ir de la mano de otros instrumentos con origen municipal como son el plan de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal, por lo que se precisa la armonización de tales competencias. De suerte, que no es admisible la exclusión de responsabilidad por la simple existencia de entidades especializadas, en el ramo comprometido con el libelo, la competencia normativa anotada exige el acompañamiento y vigilancia de los entes territoriales a través de sus alcaldes, precisamente por ser los ejecutores de la acción administrativa municipal la cual se ve influenciada en todos los ámbitos, en especial los relativos al medio ambiente y a la prestación de servicios públicos, que son los que interesan el presente proceso.

Por otro lado, debe quedar claro que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, como autoridad ambiental regional, es la Entidad encargada de ejercer las acciones policivas ambientales, con el fin de que evaluar, controlar y efectuar el seguimiento ambiental de los usos del agua, del suelo, del aire y de los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, entre otras funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.

En esa dirección no es viable enrostrarle responsabilidad al Ministerio del Medio Ambiente por los hechos denunciados en el libelo, cuando claramente la Ley 99 de 1993 establece que le corresponde: la formulación de la política pública del medio ambiente a nivel nacional (num. 1 art. 5) o regular el sector (num. 2 y 11 art. 5), tareas que indudablemente están alejadas de la operatividad que precisa supuestamente lo indicado por los actores.

Igual situación acontece con la Unidad de Saneamiento Básico del Valle , al tratarse claramente de un ente técnico, que ayuda al cumplimiento de las funciones que le corresponden a la Secretaria de Salud Departamental, en materia de saneamiento ambiental; ninguna de sus funciones atiende la implementación de soluciones en los términos indicados por los accionantes.

En conclusión, la competencia normativa propia tanto del Ministerio del Medio Ambiente como de la Unidad de Saneamiento Básico del Valle, hace de acuerdo a lo expuesto, que no resulten afectadas con las resultas del proceso, lo que impone declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva para cada uno de ellos.

Por lo visto, el Despacho se abstendrá de estudiar las excepciones propuestas por el MINISTERIO DE EL MEDIO AMBIENTE.

Dilucidado lo anterior, procede el Despacho a estudiar el fondo del proceso.

Las acciones populares fueron establecidas en el artículo 88 de la Constitución Nacional. Al efecto reza:

“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.”

Ahora bien, en la forma y términos de la reglamentación contenida en los artículos 1, 2, 4 y 9 de la Ley 472 de 1998, son características de las acciones populares, las siguientes:

– La finalidad es la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva.

– Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar ese tipo de derechos o intereses.

– Se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

– Los derechos e intereses colectivos susceptibles de esta acción son todos aquellos definidos como tales en la Constitución Nacional, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia, como por ejemplo los mencionados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

– La titularidad para su ejercicio, como lo está indicando su nombre, ha de corresponder a su naturaleza popular, por lo tanto puede ser ejercida por cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, o también por las autoridades, organismos y entidades señalados en el artículo 12 de la Ley 472 de 1998.

Lo anterior supone que la finalidad de esta acción es, como ya se precisó, la protección de los derechos colectivos que estén amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares; entonces, su procedencia requiere que, de los hechos alegados en la demanda, pueda, al menos, deducirse una amenaza a los derechos colectivos, entendidos como intereses de representación difusa, en la medida en que su titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, incluso pueden ser todos los que integran una comunidad. Entonces, el juez de la acción popular tiene el deber de determinar si, los hechos alegados en la demanda dan lugar a la amenaza o a la vulneración de los derechos e intereses colectivos, como objeto de protección de esta acción; de allí la exigencia de que la acción se dirija contra el particular, la persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el interés colectivo, en tanto que “este requisito supone que tal acción u omisión sea probada por el actor, o que del expediente el juez pueda deducir de qué acción u omisión se trata, pues, de lo contrario, el juez de la acción popular no podrá ordenar nada en su sentencia, pues no conocerá la conducta respecto de la cual debe dar la orden en cuestión”.

Siendo ello así, la finalidad de la acción popular impone, de una parte, la carga para el actor popular de precisar y probar los hechos de los cuales se deriva la amenaza o vulneración de los derechos colectivos alegada en la demanda y, de otra, la obligación para el juez de verificar que, de los hechos planteados en ella, sea posible deducir dicha amenaza o vulneración.

Con la demanda se pone de presente que el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, violan los derechos colectivos de los habitantes de los barrios Palo Blanco y Valle Real al no realizar ningún emprendimiento encaminado a evitar el vertimiento a cielo abierto de aguas residuales.

Así las cosas, los Actores con la demanda señalan como fundamento de Derecho las siguientes normas:
 Constitución Política; artículo 88.
 Ley 472 de 1998; artículo 4  Ley 99 de 1993.
 Decreto 2303 de 1989; título IX.

El material probatorio allegado al expediente, es el siguiente:

 CD-R Smartbuy 700 MB, etiquetado con marcador negro “Fotos regadíos caña”. (Folio 05 C.P.)

 Fotografías impresas que aparecen en el CD-R, donde se señala con flechas y anotaciones cercanía de los alcantarillados a las viviendas, proliferación de gallinazos, y descarga de aguas residuales al aire libre. (Folios 06 a 09)

 Oficio dirigido al Secretario de Salud Municipal, suscrito por el Presidente y Secretario General de la Junta de Acción Comunal del barrio Palo Blanco, donde informan las afectaciones al medio ambiente que sufre la comunidad.

 Fotografías tituladas: pozo séptico, canalización de aguas negras, antigua sequia Palo Blanco y Represamiento y motobomba para riego.

 Queja dirigida al Gerente de la Hacienda Ticuante (sin firma, ni fecha de recibo), y respuesta en la que se informa que la petición será planteada a la junta de socios de la Hacienda.

 Queja dirigida a la CVC, sin firma, y recibido el 18 de julio de 2005 (Folio 18 C.P.), y respuesta Oficio No. 741-05-1185-2006 del 31 de julio de 2006, en la que se informa lo siguiente:

“…de acuerdo con lo establecido en el acuerdo municipal No. 068 de 200 por medio del cual se adoptó el Plan de ordenamiento Territorial para el Municipio de Buga, la zona en cuestión no se encuentra incluida dentro de la zona de expansión urbana y se considera según el documento como zona rural con fines agrícolas por lo cual se pueden establecer dicho tipo de cultivos en este sector. No obstante esta zona cuenta con restricciones en lo referente a la quema de caña y a la aplicación de herbicidas y madurantes de acuerdo a lo considerado en el Artículo 4, tabla No. 2 de la resolución No. 0532 del 26 de abril de 2005 emanada por el MAVDT. (…)” (Folio 19 C.P.)

 Copia simple Sentencia de Acción Popular No. 22 del 26 de febrero de 2009 del
Juzgado 2º Administrativo de Buga. (Folios 49 a 71 C.P.)
 Copia simple Sentencia de Acción Popular en Segunda Instancia del 29 de mayo de 2009 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. (Folios 72 a 96 C.P.)

 Copia simple Auto Interlocutorio No. 330 de mayo de 2010 del Juzgado 2º Administrativo de Buga. (Folios 97 a 106 C.P.)

 Memorando No. 0740-523-2010 del 11 de agosto de 2010, suscrito por la CVC.
(Folios 224 a 227 C.P.), en el que se expresa lo siguiente:

“(…)
2. Los tubos de conducción de aguas usadas o alcantarillado de las calles 9, 10 y 11 de Buga, que inician su recolección en la carrera 1 hasta la carrera 20 o vía férrea, una vez recogen las aguas servidas del cementerio central, morgue municipal y algunas factorías, desembocan a una acequia a cielo abierto buscando su desembocadura al río Cauca.
R/ El PSMV de Buga, además del diagnóstico de la red de alcantarillado del municipio debe incluir recursos económicos cronograma para ejecutar las obras necesarias para canalizar la totalidad de las aguas residuales que se generan en el municipio de Buga, entregándolas hasta el sitio donde se construya la PTAR. El estado de cumplimiento del PSMV, fue evidenciado en el punto anterior.

3. Una vez las tuberías desembocan en la acequia, en el predio denominado hacienda San Antonio, calles 9 y 11 entre carreras 19 y 24 de Buga. Estas agaus (sic) servidas son retenidas y utilizadas para el riego de cultivos. R/ la concesión de estas aguas esta (sic) considerada en el decreto 1541 de 1978 y cumple los criterios de calidad del artículo 40 del decreto 1594 de 1984.

4. El sobrante de aguas servidas, pasa la doble calzada Buga Tuluá y bordean (sic) el barrio paloblanco y valle real, para ingresar a la hacienda Tiacuante, donde nuevamente es retenida y utilizada para regar cultivos de caña de azúcar.
R/ Una cantidad del caudal de agua sobrante de la concesión 001043 de 2002 por medio de la cual se otorga para uso doméstico de la población bugueña, una cantidad de 550 l/seg para la empresa Aguas de Buga SA ESP, transportadas por la red de alcantarillado combinado administrado por la empresa precitada es tomada directamente del cauce del zanjón tiacuante y se emplea para el riego de cultivos de caña cumpliendo lo considerado en el decreto 1594 de 1984 articulo 40. La técnica del riego se hace por motobomba que eleva el agua residual sobrante del cauce denominado tiacuante hasta una red por aspersión para controlar los impactos por la dispersión de olores ofensivos fruto del aprovechamiento de este recurso hídrico.

Es pertinente mencionar que las factorías más grandes que entregan los vertimientos al alcantarillado de Buga, cuentan con sistema de tratamiento previo su entrega a la red y por esta razón los resultados de las campañas de muestreo de las aguas que discurren en el zanjón tiacuante, muestran que el agua precitada utilizada para el riego por gravedad posee características similares al agua residual doméstica, lo cual favorece su asimilación por el suelo donde se cultiva caña de azúcar.”

 Oficio No. SPM-400-05842 del 24 de abril de 2012, informe suscrito por la SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE BUGA (Folios 320 y 321 C.P), en el que se indica lo siguiente:
“(…) La construcción de la PTAR es una prioridad por lo cual se hace necesario establecer cuál es la tecnología más apropiada para el Municipio de Buga, dado que este es un aspecto fundamental para lograr destrabar la compra del predio, lograr la aprobación del PSMV por parte de la CVC y el CINARA de UNIVALLE, desarrollaron un estudio que recomendó la tecnología basada en LAGUNAS EXTENSIVAS que implican una afectación importante del entorno siendo necesario realizar una evaluación de las características técnicas, económicas, financieras, ambientales, urbanísticas y tarifarias de una TECNOLOGÍA COMPACTA y de esa manera contar con suficientes elementos de juicio para tomar una decisión acorde que concilie el interés colectivo (tarifas justas, protección del medio ambiente) con los intereses particulares (afectación de la potencialidad de desarrollo urbanístico de los terrenos aledaños). …”.

 Diligencia de Audiencia de Inspección Judicial, practicada el 08 de marzo de 2012 (Folios 2 a 5 C. No. 2), que señala lo siguiente en algunos de sus apartes:

“…contiguo al predio “san Antonio” a la altura de la carrera 24 o doble calzada, con calle 11, se observa que a pesar de ser un canal a cielo abierto, al momento de la presente diligencia está seco, y según se informa por parte del funcionario de la C.V.C. que acompaña la diligencia, de conformidad con el acuerdo celebrado con la empresa aguas de Buga, esta canal se destina para el transporte de aguas lluvias. Así mismo, se deja constancia por el Despacho, que en este punto no se perciben malos olores, ni se aprecia estancamiento de aguas. Continuando con la diligencia, se recorre el curso del drenaje natural cuya trayectoria sirve límite entre el predio “San Antonio” y el barrio “Valle Real”, y en este punto, a la altura de la carrera 26 se observa que está completamente seco, y al lado de (sic) colinda con el predio “San Antonio”, cuenta con una cerca, y de allí hasta los cultivos de caña existe aproximadamente 200 mts., en este punto interviene el señor Hugo A. Orejuela, en el sentido de indicar que este se debe al requerimiento efectuado por parte de la autoridad ambiental CVC., con lo cual se da cumplimiento al requisito exigido, en cumplimiento de la obligación ambiental que recae sobre el propietario de dicho inmueble. Por el despacho se sigue con el recorrido a través del cauce de la acequia aguas abajo, hasta llegar a la intersección con las carreras 27 y 28, punto en el que se observa un pequeño estancamiento de aguas lluvias, en una dimensión de uno (sic) 2 mts., aproximadamente, el cual genera la proliferación de vectores, ya que hasta este punto del recorrido no se ha observado ninguna fuente de vertimiento de aguas servidas de algún sistema de alcantarillado.

(…)
Por el Despacho se deja constancia, que el vertimiento de aguas residuales que se presenta en este punto, se efectuá a cielo abierto, lo cual genera la producción de olores fuertes, y que el zanjón que recibe las aguas residuales tiene una trayectoria hacia el occidente, hasta desembocar a la ciénaga “El Conchal”, atravesando predios rurales, que se encuentran cultivados en caña, ubicados en la parte posterior del barrio “Villa Real”, después de sus últimas vías vehiculares carreras 31 y 32. Así mismo, se deja constancia que durante todo el recorrido de la acequia en forma paralela al barrio, entre las vías internas de este y el canal, existe una zona verde, que lo distancias (sic) de las casas de habitación en una distancia de 80 a 100 mts., aproximadamente.

(…)
Soy Ingeniero Ambiental y el encargado de manejar la zona del municipio de
Guadalajara de Buga, encuentro que aguas abajo del sitio mencionado, carrera 32 con calle 11, se encuentran unas motobombas extrayendo el agua de una obra hidráulica, o pozo de succión para su utilización en riego en el cultivo de caña de azúcar, este riego se realiza por ventanas vía politubulares, que no impactan, ni generan aerosoles, que si se originan en el riego por aspersión, disminuyendo considerablemente el impacto con olores ofensivos, estas aguas fueron concedidas por medio de la Resolución SGA No. 415 de 1999, “Por la cual se reglamenta en forma general el Río Guadalajara, cuyas aguas discurren en jurisdicción de los municipio (sic) de Buga y San Pedro, en el Departamento del Valle del Cauca”, la cual contiene unas obligaciones que limitan y establecen unos lineamientos que deben cumplir los concesionados, en este caso, los propietarios del predio “San Antonio”, la hacienda “Tiacuante” y demás propietarios, copia de la cual aporto en esta diligencia, la concesión de esta agua está considerada en el decreto 1541 de 1978, y cumple con los criterios de calidad del artículo 40 del decreto 1594 de 1984, según se puede extraer del concepto emitido a través de memorando No. 0740 – 523 – 2010, que obra en proceso en los folios 224 a 227. Seguidamente, se solicita el uso de la palabra por parte del Secretario de Salud Municipal de Buga Valle, y conferida que le fue, manifestó: Según verificación del sitio, no existe ningún riesgo para la comunidad, ya que en primer lugar se constató que no hay aguas servidas desde la carrera 24, hasta la 31, y que en la carrera 32, que es donde se origina el canal Tiacuante, está muy distante de la población del Valle Real, y de los habitantes de los demás barrios indicados como afectados por el actor popular, situación que en ningún momento pone en riesgo la salud pública, y se pudo constatar que frente a la problemática de olores ofensivos no era tan evidente , ni se presenta un impacto mayor, toda vez que a la hora de la práctica de la presente diligencia, y las condiciones climáticas que la acompañan, con una temperatura de 35°, no fueron percibidos olores producidos por el vertimiento de aguas residuales…”.

 Diligencia de Audiencia de Recepción de Testimonio que rindió el señor ÁNGEL MARÍA HENAO APACHE, Presidente de la JAC del Barrio “Palo Blanco”, practicada el 13 de marzo de 2012 (Folios 8, 9, 11 y 12 C. No. 2), que señala en sus apartes lo siguiente:

“…la problemática de la cual se me pregunta, la he conocido de toda la vida, puesto que viví allí y sufrí los rigores de dicha acequia, que fueron los desbordamientos, proliferación de zancudos, malos olores. Dicha problemática fue subsanada o arreglada, desconozco por qué entidad o quienes hicieron la labor, pero lo cierto es que desde hace un año y medio o dos años, la acequia, no pasa entre las carrera 24 y 30 del barrio Palo Blanco, que es prácticamente nuestro lindero, quedando en el momento el canal del curso que tenía la acequia, pero que en este momento lleva aguas lluvias, de hecho habiéndose acabado la problemática para el barrio, es decir, los malos olores y zancudos se acabaron en mucha parte del barrio, ahora dichas aguas si están siendo utilizadas para regar la caña, pero lo hacen por una vía de gravedad y no causa efectos secundarios para nuestro barrio, como si lo harpía (sic) anteriormente con aspersión, teniendo en cuenta que esta problemática para el barrio, que fue la acequia, prácticamente desapareció como una problemática para el barrio, por algún daño sanitario. (…)”.

 CD-R SONY 700MB, etiquetado con marcador rojo “Diligencia Judic
08/Maez/2012 Hernán Moreno contra Mpio de Buga y otros”. En el contenido del CD se pueden apreciar fotografías de la diligencia (Folio 06 C. No. 2)

 CD-R SONY 700MB, sin etiqueta. Es copia del CD etiquetado con marcador rojo
“Diligencia Judic 08/Marz/2012 Hernán Moreno contra Mpio de Buga y otros”. (Folio 07 C. No. 2)

 Oficio No. SSM-1000-07888 del 25 de mayo de 2012, informe suscrito por la SECRETARIA DE SALUD DE BUGA (Folios 13 a 17 C. No. 2), en el que se indica lo siguiente:
“(…)
QUINTO: hasta el momento no se han detectado casos debidamente registrados y comprobados sobre eventos que afecten la salud colectiva. Si bien es cierto que la contaminación ambiental es evidente y afecta los recursos naturales; no hay situaciones que hayan generado daño directo a la salud de los pobladores del sector. (…)”.

De acuerdo a lo transcrito, considera el Despacho que se advierte la vulneración de los derechos e intereses colectivos alegados por los accionantes, pues las negaciones alegadas por la Autoridad Ambiental y el Municipio de Buga, no son suficientes para desvirtuar el evidente daño ambiental.

Para efectos de probar la presunta vulneración de derechos colectivos, la Actora fundamenta su censura en el documentos fotográficos impresos, fotografías incluidas en el CD-R Smartbuy 700MB, etiquetado con marcador negro “Fotos regadíos caña” . Igualmente se aprecia una motobomba utilizada para servirse de las aguas, y el sistema de riego con tubería politubular, que consiste en un tubo de PVC con múltiples perforaciones extendido a lo largo del sembradío; con dichas fotografías se pretende probar la cercanía del foco infeccioso a los barrios Palo Blanco y Valle Real, y el uso de aguas residuales para el riego de cultivos de caña, frente a lo cual considera el Despacho que por sí solos no acreditan la vulneración de los derechos colectivos invocados, pues no se puede deducir a ciencia cierta que dichos registros correspondan en realidad a los lugares y hechos descritos en la demanda, ni tampoco el supuesto peligro que representa para los habitantes los barrios Palo Blanco y Valle Real. Si bien son un elemento probatorio del que se puede deducir, prima facie, los daños alegados con el libelo, no hay manera de estructurar de ellos una relación de causalidad entre la dilución de aguas residuales con aguas limpias, el uso de estas para el riego de cultivos de caña, y su afectación directa a la comunidad, no obstante, dicha afectación se acredita mediante los diferentes oficios dirigidos al Secretario de Salud Municipal , al Gerente de la Hacienda Ticuante, y a la CVC, donde informan las afectaciones al medio ambiente que sufre la comunidad, y sus posteriores respuestas por parte de los entes requeridos .

Quedó suficientemente acreditado en la Acción Popular, que las quejas y solicitudes de la comunidad fueron en vano, luego que tanto la Autoridad Ambiental CVC y el MUNICIPIO DE BUGA, se excusaron en sus respuestas, argumentando que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 068 de 200 por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Buga, la zona afectada no es zona de expansión urbana, que se trata de una zona rural, exclusiva para uso agrícola, y que además los ingenios tienen permiso para servirse de las mencionadas aguas para el riego de sus cultivos de caña .

Seguidamente, los Accionados CVC, y MUNICIPIO DE BUGA a efecto de acreditar lo contrario, anexaron a la contestación de la Acción Popular, copias simples de las sentencias dictadas dentro del proceso distinguido con el No. 20051691 , en donde se estaban protegiendo unos humedales del sector, ordenando la construcción de una PTAR, frente a lo cual el Despacho consideró al momento de resolver la excepción de cosa juzgada que correspondían a situaciones diferentes, que no había sido resuelta en el amparo colectivo primigenio.

Posterior a la contestación de la demanda, la CVC adjuntó copia del Memorando No. 0740-523-2010 del 11 de agosto de 2010 , en el que expresa que ante la ausencia de una Planta de Tratamiento de aguas servidas en el Municipio de Buga, ha realizado estudios con el fin de solucionar el problema medio ambiental de forma alternativa, y que dentro de las obligaciones del Municipio de Buga, están la de canalizar la totalidad de las aguas residuales para su tratamiento.

Más adelante agregó que sobre el uso agrícola de las aguas servidas diluidas en agua limpia, estas cumplen los criterios de calidad del artículo 40 del Decreto 1594 de 1984, y por lo tanto se hizo su concesión acorde al Decreto 1541 de 1978.

Por último argumenta en el memorando, que la técnica de riego utilizando estas aguas residuales se hace controlando los olores ofensivos, aunado a que las grandes factorías del municipio tratan previamente sus aguas residuales, de tal forma que esta quedan en similares condiciones que las aguas residuales domésticas.

Al respecto el Despacho entra a analizar la normatividad citada por la Accionada:

El Decreto 1541 de 1978, “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973”, señala en su artículo 36 que para el aprovechamiento de aguas, en este caso para el riego de cultivos de agua, se requiere concesión, dada por la autoridad ambiental:
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera de derivación;
d. uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de minerales;
g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generación geotérmica;
i. Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de madera;
l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m. Agricultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.

Más adelante señala el artículo 208, que si las aguas a concesionar contienen vertimientos de aguas residuales se debe tener el permiso adicional para el uso de esas aguas contaminadas:
“Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 36 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas.”
No obstante, el artículo 211, entre otros, prohíbe los vertimientos contaminantes de las aguas, e indica que los vertimientos deberán ser tratados de tal forma que no afecten la salud, la ecología y la economía:
Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.

El artículo 212, reza que si los tratamientos de aguas residuales no son suficientes para mitigar el impacto contaminante, la Autoridad ambiental podrá negar o declarar la caducidad de la concesión de aguas:
Si a pesar de los tratamientos previstos o aplicados, el vertimiento ha de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo de agua para los usos o destinación previstos por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, este podrá denegar o declara la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de vertimiento.
Del análisis de los artículos enunciados, el Juzgado advierte, que la autoridad ambiental, en este caso la CVC, tomó una actitud pasiva frente a su obligación de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas ambientales.

Es obvio que el alcantarillado del MUNICIPIO DE BUGA, está desprovisto de una planta de tratamiento para recibir las aguas residuales domésticas e industriales, además está comprobado que el destino final del alcantarillado es diluir las aguas residuales con las una acequia a cielo abierto, que transporta sus aguas al río Cauca y sirve a los ingenios de la región para el riego de los cultivos.

Es insólito desde cualquier punto de vista, que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, permita no solo el vertimiento de aguas residuales, sino el uso y aprovechamiento de las mismas.

Ahora bien la CVC argumenta que los criterios de calidad de estas aguas son admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola, según el artículo 40 del Decreto 1594 de 1984, afirmación que por sí sola no tiene peso, requería de un estudio, dado el peligro ambiental que representa el uso de aguas residuales a cielo abierto y sin ningún tratamiento.

Según la ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, el tratamiento inadecuado de las aguas residuales puede traer mayores costos (salud, medio ambiente) que los beneficios potenciales, y en ese orden de ideas, el uso seguro en la agricultura requiere un tratamiento y una gestión adecuados .

Así mismo un estudio realizado por la FAO, describe los efectos nocivos del uso de aguas diluidas con contaminantes:

“(…)
Los contaminantes de procedencia no localizada, cualquiera que sea la fuente, se desplazan por la superficie terrestre o penetran en el suelo, arrastrados por el agua de lluvia y la nieve derretida. Estos contaminantes consiguen abrirse paso hasta las aguas subterráneas, tierras húmedas, ríos y lagos y, finalmente, hasta los océanos en forma de sedimentos y cargas químicas transportadas por los ríos. Como se examina más adelante, la repercusión ecológica de estos contaminantes puede ir desde pequeños trastornos hasta graves catástrofes ecológicas, con repercusiones en los peces, las aves y mamíferos y sobre la salud humana…” .

No resulta lógico para el Despacho que aguas de aspecto turbio, con una población cuantiosa de gallinazos , que evidencian la descomposición de materia orgánica y sintética, sea apta para el uso agrícola a cielo abierto.

Situación que se corrobora una vez más en los informes suscritos por el MUNICIPIO DE BUGA, mediante los Oficios No. SPM-400-05842 del 24 de abril de 2012 , y No. SSM-1000-07888 del 25 de mayo de 2012 , en los que se informa que no se ha tomado una decisión al respecto, al no probarse la afectación de la salud colectiva pese a la evidente contaminación ambiental.

En esa dirección, el proceder de la autoridad ambiental y del Municipio de Buga, es reprochable al aceptar la contaminación ambiental, pero no realiza ningún tipo de acciones que remedien las constantes quejas de los habitantes de los barrios Palo Blanco y Valle Real, por la existencia de olores ofensivos y posible proliferación de vectores que afectan la salud.

Respecto la declaración de testimonio rendida por el señor ÁNGEL MARÍA
HENAO APACHE, Presidente de la JAC del Barrio “Palo Blanco”, practicada el 13 de marzo de 2012, y en la que señaló, de forma contradictoria que no existía ningún olor ofensivo, ni proliferación de vectores , considera el Despacho, no tenerla en cuenta dadas la evidencias de la afectación ambiental y a la comunidad.

Y es que de la inspección judicial practicada por el Juzgado Primero Administrativo de Buga, el 08 de marzo de 2012 , el Despacho tiene las siguientes conclusiones:

 Entre las carrera 27 y 28 del Municipio de Buga hay un estancamiento de aguas lluvias el cual genera proliferación de vectores.
 A la altura de la carrera 31 con calle 11, donde se inicia el zanjón “Tiacuante”, colindando con los barrios afectados, se produce vertimiento de aguas servidas de los barrios aledaños del Municipio de Buga, realizándose a cielo abierto, lo que genera olores ofensivos para la comunidad, dichos vertimientos tienen su destino en la ciénaga “El Conchal”.

 A la altura de la carrera 32 con calle 11, se encuentran unas motobombas extrayendo las aguas lluvias mezcladas con aguas residuales para su utilización en el riego de cultivo de caña de azúcar, riego realizado por ventanas politubulares, lo que produce olores ofensivos, en menor grado que el riego por aspersión.

Entonces concluye el finalmente Despacho, que no sólo se producen olores ofensivos a la comunidad, sino también, se está afectando la ciénaga “El Conchal”, cuerpo de agua que se debe proteger dada su gran importancia ecológica.

“(…)
El Conchal es el segundo humedal en importancia del Valle del Cauca (después de la Laguna de Sonso), cuyo principal interés biológico reside en contener la segunda población de buitre de ciénaga en el occidente colombiano.

Las causas de la pérdida de cobertura de El Conchal son diversas y varían desde el desconocimiento de la importancia ecológica del humedal hasta la inadecuada planificación de las obras civiles para el control de inundaciones. (…)” . (subraya del Despacho)

Esta situación muestra que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, no ha realizado un seguimiento técnico a esta situación, ni ha compelido al Municipio de Buga para que realice las obras que precisa la situación denunciada.

Igualmente se debe llamar la atención de la autoridad ambiental para que vigile y controle las posibles captaciones de agua contaminada para la utilización en el riego, dado el peligro que puede presentar, no solo para la salud humana, sino también porque se contamina el ecosistema.

Es de advertir, que la responsabilidad también recaerá en el MUNICIPIO DE BUGA, debido a la obligación que tiene como prestador del servicio público de acueducto y alcantarillado, y su obligación de defender el medio ambiente.

Razones más que suficientes, para que esta Instancia proteja los derechos colectivos invocados como quebrantados por los Actores, y en consecuencia se ordene a la Autoridad Ambiental, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO
SUR , a realizar todas la acciones administrativas correspondientes de vigilancia, prevención y control con el fin de que el MUNICIPIO DE BUGA restablezca el medio ambiente, realizando las obras civiles correspondientes para suspender los vertimientos de aguas negras a cielo abierto, así como el tratamiento de estas aguas, y suspender las concesiones de aguas contaminadas para su uso agrícola.

Para el cumplimiento de esta orden judicial, se conformará un comité de verificación, integrado por los Actores Populares, la Procuraduría Ambiental, la Personería de Buga, el Municipio de Buga, Representantes de la C.V.C, y la Junta de Acción Comunal de los barrios Palo Alto y Villa Real.

Informes que deberán ser rendidos trimestralmente a este Despacho.

Incentivo.

Frente al incentivo debe decir la Instancia lo siguiente:

El artículo 34 de la Ley 472 de 1998, expresa que en el evento en que se acojan las pretensiones de la demanda, el Juez Popular, una vez ordene el amparo de los derechos colectivos y las acciones tendientes a restablecerlos, debía pronunciarse sobre el incentivo; para ello debía acudir según el derecho colectivo a lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 que rezaba:

“…
El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.
Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de Defensa de Intereses Colectivos.
…”
“…
En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo
a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.
Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.
Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos.

Sin embargo, la Ley 1425 de 2010 derogó expresamente esta normatividad. Ante este hecho, es indudable que al momento de proferirse la presente providencia la norma que contemplaba dicho estímulo no existe en el ordenamiento jurídico colombiano y no habría lugar a su reconocimiento.

La interpretación de esta norma había originado dentro de la Jurisdicción Contenciosa posiciones antagónicas. De un lado la Sección Primera del Consejo de Estado consideraba que la norma es aplicable solamente a aquellos juicios populares que tengan ocurrencia después de la entrada en vigencia de la Ley que derogó los incentivos, y la Sección Tercera estima inadmisible la intemporalidad de la Ley, concediéndole un efecto inmediato tanto para los Juicios anteriores y como posteriores.

Si bien el Juzgado acogía la tesis de la Sección Tercera al apreciar que la norma que consagraba los incentivos en las acciones populares, es de carácter sustantiva, pues con ella se está definiendo un derecho subjetivo y no reglando el curso procesal, por lo que al tratarse de una norma que precisa de vigencia para su aplicabilidad al momento de dictarse la sentencia se hace imposible acceder a dicho pedimento.

Se concluía que sería admitir que el reconocimiento del incentivo es un derecho adquirido, cuando inexorablemente es una mera expectativa, categoría que desde la Ley 153 de 1887 establece con claridad que no genera derechos; en otras palabras, sería como privilegiar el incentivo sobre el amparo de los derechos colectivos, que es en últimas la finalidad de esta vía procesal, circunstancia que no es de recibo para este Juzgador al advertirse meridianamente que el estímulo derogado es accesorio a la protección que se irradia con este mecanismo.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia18 del 3 de septiembre de ésta anualidad con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo, zanjó esta discusión acogiendo la tesis expuesta por la Sección Tercera de esa Corporación, bajo los siguientes argumentos:

“…
Por manera que el aludido estímulo económico de ninguna forma podía catalogarse como un derecho adquirido durante el curso del proceso, sino como una mera expectativa, habida consideración de la incertidumbre que frente a tal estímulo debía esclarecer el juez de la causa y, dicho sea de paso, siempre que las pretensiones de la demanda resultaren estimadas en la correspondiente sentencia definitiva.
El Consejo de Estado precisa que la posibilidad a la cual se ha hecho mención acerca de que en la audiencia de pacto de cumplimiento se pudiere, eventualmente, reconocer el incentivo, se ha efectuado exclusivamente con el propósito de ilustrar que tal prestación económica no constituye un derecho adquirido, pues para ello se requería del agotamiento de algunas etapas procesales y del consiguiente análisis del juez constitucional de cara a su procedencia y no porque dentro de dicha audiencia debiere accederse al incentivo, pues precisamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado19 deberá unificar la jurisprudencia de la Corporación en relación con ese aspecto en futura oportunidad.

El acceso al incentivo económico dentro de aquellos procesos iniciados en ejercicio de la acción popular antes de la expedición de la Ley 1425 resulta improcedente, habida cuenta de la inexistencia de los preceptos que, con ocasión de la expedición de dicha ley, preveían el reconocimiento de tal estímulo.”
Acogiendo en su integridad el pronunciamiento del Alto Tribunal de lo Contencioso, el Juzgado encuentra razones suficientes para despachar negativamente el reconocimiento deprecado.

Frente a la pretensión según la cual se solicita a las Accionadas a “…resarcir a la comunidad aledaña los perjuicios causados realizando a título de compensación una obra de intereses público o de sostenimiento del medio ambiente,…”, debe decir que se desestimará luego que guarda relación directa con el emprendimiento técnico que se está ordenando en párrafos anteriores, como consecuencia de la probada vulneración de los derechos colectivos.

18
CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJERO PONENTE: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D.C., septiembre tres (03) de dos mil trece (2013). Proceso: (AP) 170013331001200901566 01 Actor: Javier Elías Arias Idárraga Demandado: Municipio de Chinchiná 19
Auto de 15 de junio de 2010, expediente No. 05001-33-31-029-2008-00327-01 (AP) – REV; M.P. Ruth Stella Correa Palacio, dentro del cual se concluyó:“(…) se impone la selección de la providencia proferida el 2 diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unifique los criterios jurisprudenciales sobre el tema y se establezca por esta vía, una única interpretación que oriente la aplicación del artículo 39 de Ley 472 de 1998, en relación con el otorgamiento del incentivo a favor del actor popular en los casos en los cuales el proceso termina con sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento”.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NO ACEPTAR la solicitud de desistimiento de la demanda formulado por el Dr.
Harold Hernán Moreno Cardona.

2. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Ministerio del Medio Ambiente y la Unidad de Saneamiento Básico del Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE BUGA.

4. AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio económico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, goce del espacio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública de los habitantes de los barrios Palo Alto y Villareal, jurisdicción del Municipio de Buga.

5. ORDENAR al Señor Alcalde del Municipio de Buga para que en un plazo que no exceda de 6 de meses, realice la solución técnica adecuada que de conformidad con esta providencia se adelante para zanjar la problemática de los habitantes de los barrios Palo Alto y Villareal, en jurisdicción del Municipio de Buga.

6. ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA (CVC), para que en cumplimiento de sus funciones evalúe y controle el proyecto o solución técnica que de conformidad con esta providencia se adelante para zanjar la problemática de la de los habitantes de los barrios Palo Alto y Villareal, en jurisdicción del Municipio de Buga.

7. CONFORMAR para efectos de verificación del cumplimiento de esta sentencia, un Comité integrado por los Actores Populares, la Procuraduría Ambiental, el señor Personero Municipal de Buga, el Alcalde Municipal de Buga, Representantes de la CVC, y Representantes de la Junta de Acción Comunal de los barrios Palo Alto y Villa Real, a quienes se les librarán las respectivas comunicaciones para que rindan informes cada mes a este Despacho sobre el cumplimiento del fallo.

8. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

9. REMÍTASE, una vez ejecutoriado este fallo, copia del mismo a la Oficina de Registro de Acciones populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo, en acatamiento a lo preceptuado por el Artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ROGERS ARIAS TRUJILLO
Juez